Las cámaras de comercio han sido, durante 92 de sus 125 años de existencia, la única sociedad civil empresarial española, como corporaciones, sin ánimo de lucro, que defienden los intereses generales del conjunto de las empresas y que celebran elecciones cuatrienales con participación de todas las empresas de cada demarcación con derecho activo o pasivo.
En 1977, las cámaras fueron las primeras en impulsar la creación de la patronal CEOE y de los sindicatos, por ser dos instituciones fundamentales de la sociedad civil, y su primer presidente, hasta 1984, Carlos Ferrer Salat, provenía del comité ejecutivo de la Cámara de Barcelona. Paradójicamente, desde 1984, la CEOE apoyó la eliminación del recurso cameral obligatorio que pagaban las empresas con beneficios, llegando a apoyar en 1992 el recurso que presentó Ford ante el Tribunal Constitucional que dictó sentencia, en junio de 1994, considerando inconstitucional la adscripción obligatoria de las empresas a las cámaras.
Dicha sentencia no tuvo efecto al haberse aprobado en 1993 por el Congreso y Senado la Ley Básica de las Cámaras de Comercio que derogaba la anterior ley preconstitucional de 1911 subsanando el problema del recurso cameral y la adscripción obligatoria al configurar las cámaras como corporaciones de derecho público por ser órganos consultivos, de asesoramiento y colaboración de las administraciones públicas. A pesar de ello, la CEOE volvió a apoyar otro recurso de varias empresas que fue rechazado en otra sentencia de 1996.
Cámaras y patronales no deberían tener problemas de convivencia y cooperación al representar intereses diferentes y ofrecer servicios diferentes. Por un lado, las cámaras son corporaciones públicas que representan los intereses generales del conjunto de las empresas y las patronales son asociaciones voluntarias de empresas que representan los intereses específicos de sus afiliados, tanto en la negociación colectiva, frente a los sindicatos, como frente al Estado. Por otro lado, las cámaras, además de su función consultiva, se ocupan de la formación profesional, de las prácticas de FP en las empresas, de la formación de formadores, de la internacionalización e innovación de las pymes y del arbitraje interempresarial, mientras que las patronales se ocupan fundamentalmente de la negociación colectiva y de la formación continua.
Estos roces entre cámaras y patronales dependen más de su ámbito de funcionamiento que de sus intereses. España es de los pocos países de la UE en el que las organizaciones patronales y sindicales tienen una organización múltiple en cuatro niveles: nacional, sectorial, regional y provincial. En muchos países europeos, patronales y sindicatos son básicamente nacionales y sectoriales y las cámaras de comercio son territoriales, no teniendo fricciones entre ellas.
El reciente Decreto Ley de 3 de diciembre (DL) ha terminando dando la razón a la CEOE al eliminar la adscripción obligatoria y la obligatoriedad de pago de la cuota cameral empresarial "con el fin de liberar recursos que actualmente recaen sobre dos millones y medio de empresas activas en el mercado, que contribuirán a mejorar su competitividad". Sin embargo, los datos de la cuota cameral, según la Agencia Tributaria, no avalan dicho fin.
En 2009, de los 3,29 millones de empresas adscritas, el 53% no pagó cuota alguna y otro 22,5% pagó un promedio de 20 euros. El 43% de las cuotas fue aportado por el 0,16% del total (5.266 empresas), que pagó más de 6.000 euros en promedio (el 0,07% del pago por el impuesto de sociedades). El 66% lo aportó el 1% del total (32.921 empresas) y el 75% lo aportó el 2,6% del total (86.890 empresas).
Es decir, 86.890 empresas (el 2,6% del total) saldrían beneficiadas, al aportar más de lo que reciben en servicios, que prácticamente no demandan, frente a los 2,55 millones (el 77,5% del total) que saldría perdiendo, siempre que utilicen dichos servicios camerales. Cada año, 500.000 empresas y autónomos (19,6% del total) los reciben, no siendo siempre las mismas. Es decir, aunque hay bastantes pymes y autónomos que no reciben o no demandan servicios y pagan pequeñas cuotas, la gran mayoría recibe servicios que les son fundamentales.
Si tras el Decreto Ley de 3 de diciembre muchas empresas grandes dejaran de pagar cuotas por no necesitar sus servicios, la financiación interempresarial desaparecería y aquellos tendrían que suministrarse por las CC AA o por las cámaras mismas si recibiesen subvenciones de aquellas mediante convenios.
Este cambio de modelo cameral, en el que solo mandan los que pagan cuota, plantea dos problemas. Primero, las cámaras pierden su independencia, tanto frente a las administraciones públicas como frente a sus empresas cotizantes, ya que las primeras influirán en las decisiones consultivas de las cámaras al darles subvenciones y las segundas utilizarán las cámaras para hacer lobby ante las primeras. Segundo, el patrimonio cameral, compuesto de múltiples edificios, algunos históricos, financiados durante 125 años por las cuotas de todas las empresas españolas, quedará en manos solo de aquellas que ahora paguen cuotas.
Por un lado existen 88 cámaras, con un total de 96 sedes, 79 delegaciones, 126 antenas, 84 viveros, 32 centros de formación, 450 puntos unipersonales de atención a pymes, más un consejo superior nacional y varios regionales. Emplean en su conjunto a 3.300 personas, de las que 1.823 es personal técnico, 1.472 personal no técnico y 264 colaboradores externos.
En 2009, sus ingresos totales alcanzaron 420 millones de euros: 251,5 millones de euros por cuota cameral permanente y otros 94,1 millones de euros por ingresos propios tanto patrimoniales (22,6 millones) como por cobro de servicios (71,5 millones). Además, recibieron subvenciones públicas, nacionales, regionales y europeas por 75,3 millones de euros (el 17,9% del total de ingresos). Sus gastos anuales fueron 384 millones de euros (116 millones en personal).
Por otro, la CEOE está compuesta por 230 agrupaciones sectoriales y territoriales que representan a unas 5.000 agrupaciones de base. El número de empresas y autónomos asociados es de 1,5 millones. El conjunto emplea a 35.000 personas, 130 por la cúpula, 1.600 por las 55 territoriales, 2.000 por las 175 sectoriales y 31.250 por sus agrupaciones de base. Su cúpula posee 4 sedes, sus territoriales otras 334 y sus sectoriales otras 148, en total, 486 sedes (sin contar las de sus agrupaciones).
Además, hay que añadir la CEPYME, integrada en CEOE, que tiene 44 asociaciones sectoriales, 49 provinciales y 17 regionales.
Excluyendo sus agrupaciones de base, los ingresos anuales de las patronales por cuotas empresariales alcanzan 600 millones de euros: las territoriales ingresan 170 millones de euros, las sectoriales ingresan 400 millones de euros y la cúpula ingresa 29 millones de euros. Reciben otros 400 millones de euros en subvenciones para financiar sus programas de formación continua, la mitad procedente de las CC AA. Estas subvenciones representan el 40% de sus ingresos totales, frente al 17,9% de las cámaras.
Estas cifras muestran que la red cameral es más pequeña que la patronal, con el 88% de su personal (o solo un 9,4% contando sus agrupaciones de base), el 42% de sus ingresos y el 19% de sus subvenciones.
Ahora, las cámaras necesitarán una profunda reestructuración para ajustar sus gastos a sus menores ingresos y ser más eficientes en proveer sus servicios, tan necesarios para las pymes. Comparativamente, las patronales necesitarían una restructuración todavía mayor y ser más eficientes en la formación continua. Este es el reto de su nuevo equipo directivo, por primera vez elegido democráticamente que muestra un talante de mayor consenso y cooperación que en el pasado.
Guillermo de la Dehesa es presidente de honor del Consejo Superior de Cámaras de Comercio
En 1977, las cámaras fueron las primeras en impulsar la creación de la patronal CEOE y de los sindicatos, por ser dos instituciones fundamentales de la sociedad civil, y su primer presidente, hasta 1984, Carlos Ferrer Salat, provenía del comité ejecutivo de la Cámara de Barcelona. Paradójicamente, desde 1984, la CEOE apoyó la eliminación del recurso cameral obligatorio que pagaban las empresas con beneficios, llegando a apoyar en 1992 el recurso que presentó Ford ante el Tribunal Constitucional que dictó sentencia, en junio de 1994, considerando inconstitucional la adscripción obligatoria de las empresas a las cámaras.
Dicha sentencia no tuvo efecto al haberse aprobado en 1993 por el Congreso y Senado la Ley Básica de las Cámaras de Comercio que derogaba la anterior ley preconstitucional de 1911 subsanando el problema del recurso cameral y la adscripción obligatoria al configurar las cámaras como corporaciones de derecho público por ser órganos consultivos, de asesoramiento y colaboración de las administraciones públicas. A pesar de ello, la CEOE volvió a apoyar otro recurso de varias empresas que fue rechazado en otra sentencia de 1996.
Cámaras y patronales no deberían tener problemas de convivencia y cooperación al representar intereses diferentes y ofrecer servicios diferentes. Por un lado, las cámaras son corporaciones públicas que representan los intereses generales del conjunto de las empresas y las patronales son asociaciones voluntarias de empresas que representan los intereses específicos de sus afiliados, tanto en la negociación colectiva, frente a los sindicatos, como frente al Estado. Por otro lado, las cámaras, además de su función consultiva, se ocupan de la formación profesional, de las prácticas de FP en las empresas, de la formación de formadores, de la internacionalización e innovación de las pymes y del arbitraje interempresarial, mientras que las patronales se ocupan fundamentalmente de la negociación colectiva y de la formación continua.
Estos roces entre cámaras y patronales dependen más de su ámbito de funcionamiento que de sus intereses. España es de los pocos países de la UE en el que las organizaciones patronales y sindicales tienen una organización múltiple en cuatro niveles: nacional, sectorial, regional y provincial. En muchos países europeos, patronales y sindicatos son básicamente nacionales y sectoriales y las cámaras de comercio son territoriales, no teniendo fricciones entre ellas.
El reciente Decreto Ley de 3 de diciembre (DL) ha terminando dando la razón a la CEOE al eliminar la adscripción obligatoria y la obligatoriedad de pago de la cuota cameral empresarial "con el fin de liberar recursos que actualmente recaen sobre dos millones y medio de empresas activas en el mercado, que contribuirán a mejorar su competitividad". Sin embargo, los datos de la cuota cameral, según la Agencia Tributaria, no avalan dicho fin.
En 2009, de los 3,29 millones de empresas adscritas, el 53% no pagó cuota alguna y otro 22,5% pagó un promedio de 20 euros. El 43% de las cuotas fue aportado por el 0,16% del total (5.266 empresas), que pagó más de 6.000 euros en promedio (el 0,07% del pago por el impuesto de sociedades). El 66% lo aportó el 1% del total (32.921 empresas) y el 75% lo aportó el 2,6% del total (86.890 empresas).
Es decir, 86.890 empresas (el 2,6% del total) saldrían beneficiadas, al aportar más de lo que reciben en servicios, que prácticamente no demandan, frente a los 2,55 millones (el 77,5% del total) que saldría perdiendo, siempre que utilicen dichos servicios camerales. Cada año, 500.000 empresas y autónomos (19,6% del total) los reciben, no siendo siempre las mismas. Es decir, aunque hay bastantes pymes y autónomos que no reciben o no demandan servicios y pagan pequeñas cuotas, la gran mayoría recibe servicios que les son fundamentales.
Si tras el Decreto Ley de 3 de diciembre muchas empresas grandes dejaran de pagar cuotas por no necesitar sus servicios, la financiación interempresarial desaparecería y aquellos tendrían que suministrarse por las CC AA o por las cámaras mismas si recibiesen subvenciones de aquellas mediante convenios.
Este cambio de modelo cameral, en el que solo mandan los que pagan cuota, plantea dos problemas. Primero, las cámaras pierden su independencia, tanto frente a las administraciones públicas como frente a sus empresas cotizantes, ya que las primeras influirán en las decisiones consultivas de las cámaras al darles subvenciones y las segundas utilizarán las cámaras para hacer lobby ante las primeras. Segundo, el patrimonio cameral, compuesto de múltiples edificios, algunos históricos, financiados durante 125 años por las cuotas de todas las empresas españolas, quedará en manos solo de aquellas que ahora paguen cuotas.
Por un lado existen 88 cámaras, con un total de 96 sedes, 79 delegaciones, 126 antenas, 84 viveros, 32 centros de formación, 450 puntos unipersonales de atención a pymes, más un consejo superior nacional y varios regionales. Emplean en su conjunto a 3.300 personas, de las que 1.823 es personal técnico, 1.472 personal no técnico y 264 colaboradores externos.
En 2009, sus ingresos totales alcanzaron 420 millones de euros: 251,5 millones de euros por cuota cameral permanente y otros 94,1 millones de euros por ingresos propios tanto patrimoniales (22,6 millones) como por cobro de servicios (71,5 millones). Además, recibieron subvenciones públicas, nacionales, regionales y europeas por 75,3 millones de euros (el 17,9% del total de ingresos). Sus gastos anuales fueron 384 millones de euros (116 millones en personal).
Por otro, la CEOE está compuesta por 230 agrupaciones sectoriales y territoriales que representan a unas 5.000 agrupaciones de base. El número de empresas y autónomos asociados es de 1,5 millones. El conjunto emplea a 35.000 personas, 130 por la cúpula, 1.600 por las 55 territoriales, 2.000 por las 175 sectoriales y 31.250 por sus agrupaciones de base. Su cúpula posee 4 sedes, sus territoriales otras 334 y sus sectoriales otras 148, en total, 486 sedes (sin contar las de sus agrupaciones).
Además, hay que añadir la CEPYME, integrada en CEOE, que tiene 44 asociaciones sectoriales, 49 provinciales y 17 regionales.
Excluyendo sus agrupaciones de base, los ingresos anuales de las patronales por cuotas empresariales alcanzan 600 millones de euros: las territoriales ingresan 170 millones de euros, las sectoriales ingresan 400 millones de euros y la cúpula ingresa 29 millones de euros. Reciben otros 400 millones de euros en subvenciones para financiar sus programas de formación continua, la mitad procedente de las CC AA. Estas subvenciones representan el 40% de sus ingresos totales, frente al 17,9% de las cámaras.
Estas cifras muestran que la red cameral es más pequeña que la patronal, con el 88% de su personal (o solo un 9,4% contando sus agrupaciones de base), el 42% de sus ingresos y el 19% de sus subvenciones.
Ahora, las cámaras necesitarán una profunda reestructuración para ajustar sus gastos a sus menores ingresos y ser más eficientes en proveer sus servicios, tan necesarios para las pymes. Comparativamente, las patronales necesitarían una restructuración todavía mayor y ser más eficientes en la formación continua. Este es el reto de su nuevo equipo directivo, por primera vez elegido democráticamente que muestra un talante de mayor consenso y cooperación que en el pasado.
Guillermo de la Dehesa es presidente de honor del Consejo Superior de Cámaras de Comercio
Entradas
3 comentarios:
Llevo más de 23 años trabajando en la Cámara y siempre hemos tenido una debilidad política fuera de lo normal. Cuevas fue insufrible, pero siempre estuvo mejor posicionado que el Consejo, que fue siempre un cementario de elefantes o de antiguas glorias. De la Dehesa es y fue un gran analista, pero nunca un político con gancho, y el origen de lo que nos ha pasado ha sido únicamente político. Por eso, para solucionarlo, necesitamos a otro Presidente, bien posicionado, porque la solución será política, o no será.
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-gobierno-admite-fin-cuota-cameral-obligatoria-repercutira-internacionalizacion-20110322125456.html
Ante los despidos, pactados o no, cabe preguntarse por varias cuestiones, como apuntan varios compañeros, y algunas más:
- Legitimidad de los órganos de gobierno para tomar esas decisiones y para su propia composición.
- Legitimidad de que la Administración pública pueda despedir por causas objetivas.
- Existencia de partidas presupuestarias aprobadas para indemnizaciones.
- Habilitación de presupuestos extraordinarios.
- Responsabilidad civil y penal de quien utilice dinero público para otros fines.
- Responsabilidad penal de quien estando obligado a advertir de todo ello, no lo haga.
La lista podría seguir ampliándose, porque no debe pararse en una cuestión de a cuántos días por año está el despido, que parece pusilánime, acomodaticio y no muy valiente.
La defensa ante la campaña irresponsable de despidos debe ser integral.
Publicar un comentario